Suman dos ‘muertes sospechosas’ más en penal de Ramos Arizpe

 Víctor Hugo Arteaga

La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado las investigaciones en torno al posible asesinato de Óliver Eduardo Ramos Cardoza, ocurrido en mayo de este año en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 18 en Ramos Arizpe, Coahuila. Este incidente ha desencadenado un profundo escrutinio que también abarca otras dos muertes sospechosas ocurridas en los años 2021 y 2022.

Las alarmantes imágenes captadas por cámaras de seguridad en el penal, que muestran claramente cómo el personal del Cefereso 18 de Ramos Arizpe golpeó brutalmente a Óliver Eduardo, han llevado a la investigación de 18 funcionarios, incluyendo custodios, personal administrativo y ex directivos, todos ellos vinculados al incidente.

La revelación de estas impactantes imágenes, proporcionadas de manera anónima como parte de una investigación periodística de XPECTRO FM, no solo ha puesto en tela de juicio la actuación de las autoridades penitenciarias sino que también ha impulsado a la FGR a enfocarse en las muertes sospechosas de internos ocurridas en el mismo centro penitenciario el 17 de noviembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2022.

En el caso de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Fiscal del Estado de Coahuila abrir una carpeta de investigación con el protocolo de posible muerte ilícita. En el incidente de 2022, la FGR asumió la investigación del extraño fallecimiento de Agustín Martínez Torres, ya que la Fiscalía de Coahuila se declaró sin competencia.

Estos graves casos ocurren en el conocido como "Sucursal del Infierno", un centro de reinserción social que previamente había sido duramente criticado en evaluaciones previas.

De acuerdo con el Sistema Informático de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el Centro Penitenciario Número 18 (CPS) de Coahuila obtuvo calificaciones de 7.42 en 2020 y 7.19 en 2021. Se habían detectado múltiples fallas en la garantía de la integridad de los reclusos, insuficiencia de programas de prevención y atención de incidentes violentos, falta de canales para denunciar violaciones a los derechos humanos, problemas en la gobernabilidad, falta de personal de seguridad y custodia, y deficiencias en actividades educativas.

A pesar de estas advertencias, ninguna autoridad intervino hasta que ocurrió el presunto crimen de Óliver Eduardo Ramos Cardoza.

La aparición de videos e imágenes que evidenciaron el posible asesinato de Oliver Eduardo Ramos Cardoza ha puesto bajo escrutinio a 18 funcionarios presuntamente involucrados en el caso. Las imágenes muestran cómo varios elementos entraron a la celda de Ramos Cardoza, lo golpearon y lo sacaron con violencia antes de llevarlo al área médica del penal. Esto desacreditó la versión oficial de una muerte por "infarto al miocardio".

La esposa de la víctima presentó denuncias ante diversas autoridades judiciales estatales y federales, así como ante la CNDH. Estas evidencias han llevado a la investigación de 18 funcionarios del Cefereso de Ramos Arizpe, incluyendo a la ex directora Jetzael M, quien ya había sido denunciada por abusos ante varios organismos.

La investigación federal en curso ha identificado a los funcionarios y oficiales investigados, quienes en el momento de la muerte de Ramos Cardoza formaban parte de la plantilla registrada ante Recursos Humanos del Sistema Nacional Penitenciario. Los nombres incluyen a Juan Antonio N, Claudia Gabriela M, Juan Francisco N, Ricardo N, Carlos N, Alfonso N, Nicasio N, Primitivo N, Lorena M, Fabiola M, Samuel N, Diana Yadira M, el perito médico forense José Alejandro N y del área jurídica, Sulmi M y Noé N.

Después del escándalo, la directora del penal, Jetzael M, fue removida de su cargo, pero los custodios involucrados siguen trabajando en otras secciones del penal sin enfrentar órdenes de aprehensión hasta el momento.

Ramos Cardoza era parte de un grupo de internos que buscaban protegerse de las amenazas de los directivos, custodios y elementos de seguridad del penal. Fue después de su muerte que el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Coahuila decidió amparar al resto de los reclusos amenazados.

El Órgano Interno de Control está llevando a cabo las investigaciones correspondientes, mientras que las Fiscalías General de la República y General de Coahuila han abierto dos carpetas para determinar las responsabilidades en este caso.

El segundo caso en cuestión ocurrió el 17 de noviembre de 2021, cuando murió en condiciones extrañas un interno con problemas de esquizofrenia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación sobre este incidente en abril de este año, señalando irregularidades en la atención médica y la necesidad de considerar protocolos de investigación más sólidos para muertes potencialmente ilícitas.

La muerte de Ramos Cardoza y las graves irregularidades en el penal han llevado a una profunda investigación en la "Sucursal del Infierno", con la esperanza de arrojar luz sobre estos trágicos eventos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables.