‘Pecado social’, protestas para defender privilegios del Poder Judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó enérgicamente las protestas llevadas a cabo por trabajadores del Poder Judicial durante los últimos dos días en respuesta a la eliminación de 13 fideicomisos que gestionaba el Poder Judicial, lo que representaría una reducción de aproximadamente 15 mil millones de pesos en su presupuesto.

En sus declaraciones, el mandatario calificó estas protestas como un "pecado social" debido a la percepción de que defienden los privilegios de los altos funcionarios judiciales.

“Es lamentable que estas cosas se estén expresando o manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios?”, aseveró.

López Obrador destacó que el presupuesto es propiedad de todo el pueblo y no del gobierno, enfatizando que todos los mexicanos tienen derecho a recibir sus beneficios. Asimismo, subrayó la importancia de la justicia distributiva, argumentando que aquellos con mayores necesidades merecen una consideración preferencial.

“El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto, todos. Y si hablamos de justicia, tienen más derecho los más necesitados, la justicia es darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales”, señaló.

El presidente ejemplificó la disparidad salarial al mencionar que, en promedio, 22 millones de trabajadores en México ganan alrededor de 16 mil pesos al mes, mientras que un ministro de la Corte puede ganar hasta 700 mil pesos al mes. Esta brecha salarial fue resaltada como un punto de conflicto en las protestas sindicales.

“¿Cómo es posible que ese presupuesto que es de todos, porque hasta la gente más humilde paga impuestos, entonces ¿por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? ¿Cómo es que la mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores, ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700 mil pesos?”, argumentó.

En respuesta a la aprobación de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos gestionados por el Poder Judicial, López Obrador planteó su preocupación por la posible inconstitucionalidad de esta acción y solicitó a los abogados constitucionalistas que evalúen el asunto. Además, expresó su desacuerdo con la posición del Poder Judicial, que considera un desafío al Poder Legislativo y una interferencia en el proceso democrático.

“Sería una ruptura al orden constitucional del mismo Poder Judicial. Desconocen por completo al Poder Legislativo. Lo nulifican. Y el Poder Judicial se sitúa como el ‘supremo poder conservador’ del país”, advirtió el mandatario.

El presidente señaló que la situación actual proporciona una oportunidad para que los ciudadanos se informen y conciencien sobre la necesidad de una reforma en el Poder Judicial.  El mandatario ha abogado por una reforma que permita al pueblo elegir a los jueces en lugar de depender de decisiones tomadas por el presidente, el Congreso o la élite económica.

“Tampoco pasaría nada porque vienen las elecciones y hay que aprovechar todo esto, porque todo esto ayuda a que la gente vaya informándose, vaya tomando conciencia y ya se resuelva llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, y la única forma de enfrentar este problema es eligiendo a los jueces: que el pueblo los elija. No el Presidente ni el Congreso ni la élite del poder económico porque son los que mandan en el Poder Judicial: los potentados”, agregó.

La noche de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos la extinción de 13 de 14 fideicomisos que maneja la Corte, lo que significa un recorte de casi 15 mil millones de pesos a su presupuesto, lo que ha generado inconformidad por parte del sindicato de ese poder y críticas por parte de la oposición.

Las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial fueron avaladas con 259 votos en pro, 205 en contra y una abstención. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su aprobación.