Acusa AMLO al Poder Judicial de proteger a responsables de la desaparición de normalistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial tras la decisión de una jueza de otorgar libertad provisional a ocho militares vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Acusó al Poder Judicial de proteger a quienes llevaron a cabo este lamentable hecho, en septiembre de 2014.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador denunció la supuesta politización del caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA desde el periodo de Emilio Álvarez Icaza como director ejecutivo. Afirmó tener pruebas de que liberaron a implicados en la desaparición, mientras las organizaciones de derechos humanos permanecían en silencio.

El mandatario cuestionó la liberación de los militares y expresó su preocupación por la falta de integridad en las investigaciones. Reveló que su administración advirtió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, sobre este caso mediante una carta, deslizando críticas hacia el actuar del Poder Judicial.

Además, López Obrador señaló que la liberación de los militares busca desprestigiar al Ejército, insinuando un interés político detrás de esta acción. Afirmó que existe un propósito de hacerlo quedar mal y destacó que su gobierno continuará enfrentando a aquellos que considera falsarios, conservadores e inmorales.

El gobierno de López Obrador emitió un comunicado acusando al Poder Judicial de obstaculizar el caso Ayotzinapa y de no priorizar la búsqueda de justicia y verdad. La Secretaría de Gobernación afirmó que la liberación de los militares es parte de un patrón del Poder Judicial, que previamente liberó a 62 implicados alegando tortura.

Ante la situación, la Fiscalía General de la República anunció un procedimiento legal contra la jueza Raquel Duarte, quien otorgó la libertad a los militares. El gobierno federal insistió en que el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado y solicitará a la FGR la revisión de medidas cautelares, nuevas órdenes de aprehensión y agotamiento de líneas de investigación.