García Luna acusa venganza política de AMLO para justificar delitos y lo liga a cárteles

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, envió una carta desde prisión en la que acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de orquestar una venganza política en su contra y justificó los cargos que enfrenta como parte de un complot dirigido por el mandatario. En la misiva, cuya autenticidad fue confirmada por su equipo legal, García Luna también aseguró que López Obrador y su equipo tienen presuntos vínculos con líderes de cárteles de la droga, aunque no ofreció pruebas para sustentar dichas afirmaciones.

La estrategia de García Luna ha sido, desde su arresto en diciembre de 2019, sostener que su caso es una represalia política. En su carta más reciente, el exfuncionario reitera que las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de drogas fueron fabricadas por el gobierno de López Obrador. Esta línea de defensa ya ha sido desestimada por el juez Brian Cogan, quien preside el caso en una corte de Nueva York, argumentando que no existe evidencia que respalde la supuesta conspiración.

Uno de los puntos más controvertidos de la carta es que García Luna asegura que está en curso una apelación de su caso. No obstante, de acuerdo con las leyes estadounidenses, una apelación solo puede presentarse una vez que se haya dictado sentencia, lo cual no ha ocurrido. Esto pone en entredicho la veracidad de sus declaraciones.

Además, el exsecretario va más allá al señalar que la Reforma Judicial impulsada por López Obrador está diseñada para proteger al presidente de futuras acciones legales. Como prueba, menciona la llamada "carta de El Mayo Zambada", un documento presuntamente firmado por el jefe del Cártel de Sinaloa, en la que se detallan supuestos vínculos entre el gobierno mexicano y el narcotráfico. Sin embargo, esta carta ha sido objeto de controversia desde hace años, y su autenticidad nunca ha sido confirmada.

Las acusaciones de García Luna también se extienden a los fiscales encargados de su caso, a quienes culpa de haber ignorado pruebas que, según él, podrían exonerarlo. Insinúa que los fiscales están coludidos con el gobierno mexicano y que su juicio ha sido manipulado para asegurar un veredicto de culpabilidad. Esta versión refuerza su narrativa de que todo el proceso judicial ha sido orquestado para destruir su reputación y proteger a López Obrador de cualquier relación con el crimen organizado.

La carta fue enviada a varios periodistas, quienes decidieron esperar hasta confirmar su autenticidad con el equipo legal de García Luna antes de publicarla. Aunque el contenido ha sido difundido, su veracidad sigue siendo objeto de escrutinio, ya que el exfuncionario no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones. Analistas políticos han señalado que este tipo de declaraciones podrían ser parte de una estrategia para desviar la atención de las pruebas que lo vinculan con el narcotráfico.

Desde su llegada al poder, López Obrador ha mantenido una postura firme contra la corrupción y el narcotráfico, y ha acusado a las administraciones anteriores de ser cómplices de estos delitos. La detención de García Luna fue vista como un golpe a las políticas de seguridad implementadas durante el gobierno de Felipe Calderón, donde el exsecretario jugó un papel clave en la llamada "guerra contra el narcotráfico".

En cuanto a las acusaciones de García Luna, López Obrador no ha hecho un pronunciamiento directo, pero su gobierno ha reiterado que el proceso judicial en Estados Unidos es independiente y que las acusaciones de complot carecen de fundamento. Hasta ahora, la defensa de García Luna no ha presentado pruebas que sustenten sus afirmaciones de vínculos entre el presidente y los cárteles de la droga.

A medida que el juicio de García Luna se acerca a su conclusión, el exfuncionario busca justificar las acusaciones en su contra mediante una narrativa de venganza política. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y las inconsistencias en sus declaraciones, como la referencia a una apelación inexistente, complican su defensa.

El caso de García Luna sigue siendo un tema de interés en ambos lados de la frontera, ya que sus implicaciones no solo tocan a figuras clave del gobierno de Felipe Calderón, sino que también afectan la imagen de las actuales políticas de seguridad en México. Mientras tanto, la justicia estadounidense avanza en el proceso judicial, donde García Luna enfrenta serias penas por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.