Amnistía: 458 beneficios otorgados en tres años por la Secretaría de Gobernación

Entre agosto de 2021 y agosto de 2024, la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación otorgó 458 beneficios de amnistía, según el informe anual 2024 remitido al Senado. Durante ese periodo, se recibieron 2 mil 736 solicitudes, de las cuales mil 961 ya fueron analizadas y determinadas. Aún quedan 305 sin un proyecto de resolución, de las cuales 244 están en análisis, 52 en reserva sin determinación y 9 no han sido turnadas.

Las solicitudes procedentes, que suman 458, se distribuyen de la siguiente manera: 48 en 2021, 161 en 2022, 167 en 2023 y 82 hasta agosto de 2024. De estas, 449 correspondieron a personas procesadas o sentenciadas por delitos relacionados con narcóticos; seis por robo simple del fuero federal y tres por delitos migratorios, en su mayoría vinculados a personas indígenas que no tuvieron pleno acceso a la jurisdicción del Estado.

En cuanto al género, 153 de las personas beneficiadas son mujeres y 305 hombres. Además, 43 personas indígenas obtuvieron el beneficio, 12 mujeres y 31 hombres. En términos de nacionalidad, 422 son mexicanas; mientras que 34 proceden de otros países, incluyendo Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú, Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

Los supuestos acreditados para otorgar estos beneficios incluyen situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. De las 458 personas que obtuvieron amnistía, 411 vivían en situación de pobreza; 10 cometieron el delito bajo indicación de otra persona; nueve presentaban una discapacidad permanente; siete actuaron por temor infundado; seis fueron personas indígenas sin acceso pleno a la justicia; cinco enfrentaban condiciones de discriminación; y dos fueron obligadas por grupos delictivos a cometer el delito.

La Comisión también determinó amnistías en casos relacionados con robo simple y en personas consumidoras de narcóticos. Este proceso forma parte de los esfuerzos por hacer justicia social, atendiendo casos que involucran a sectores vulnerables de la población, especialmente mujeres e indígenas que no tuvieron acceso equitativo a la justicia durante sus procesos.