Parabólica / La ruta pirata de los 'Morados'

La Dirección de Supervisión de la Subsecretaría de Transporte hiede. La componenda y el acuerdo económico parecen ser la premisa, y los rostros de ese manoseo tienen nombre y apellido. Se trata de un funcionario de nombre Jorge Osorno Castillo, responsable del área, y un grupo de supervisores que ya habían sido puestos de patitas en la calle por sus turbios negocios.

Lo que sucede en el área no ha pasado inadvertido para un grupo de concesionarios del sistema de transporte público que comienzan a mostrar señales de enojo e inconformidad por obvias razones: atenta contra el orden y equilibrio en la prestación del servicio público en, por lo menos, siete rutas que operan legalmente.

Y es que a la publicación el viernes 7 en el diario La Jornada de Oriente que da cuenta de una queja de concesionarios de la ruta Morados por haber permitido el ingreso de 70 unidades ‘piratas’ a cambio de 7 mil pesos mensuales por cada una de ellas y un ‘entre’ mensual, la queja se extendió no sólo del área de Tránsito a la de Supervisión.

De acuerdo con la versión de los testigos las rutas en las que son toleradas unidades de transporte para ofrecer el servicio al margen de la ley están la 65, con por lo menos diez unidades pirata; CU-Bulevares, con más de 20; la 30 con un total de 15; la 64 A, con nueve; y hasta la 68 Naranja de Antorcha Campesina, padece la intromisión de 15; la Nueva Visión tiene 23 más.

Osorno Castillo y sus supervisores obtienen una ganancia mensual por casi 924 mil pesos libres de polvo y paja si se toma como base las 40 unidades de la línea Morados, cuyo itinerario va de Santa Margarita a Cuautlancingo, más el resto de las 92 unidades de las otras rutas invadidas por las unidades ‘patito’.

La queja que los entrevistados por la Jornada de Oriente, quienes ofrecieron los primeros datos del cobro mensual de las unidades, más la información que posee el reportero es en realidad una potencial bomba de tiempo para la administración estatal que si, de algo adolece, es de tiempo para aún dilapidarlo más en infiernitos alentados por un grupo de servidores públicos sin escrúpulos, dispuestos a ganarse unos pesos al amparo del cargo que ostentan.

Colocan en una posición difícil al gobierno del estado ante un potencial riesgo de desestabilización política por la extorsión de que son objeto unos, y la invasión de rutas con unidades ilegales en el otro bando.

La ausencia de una presencia que ponga orden en ese rubro del sector público abre un frente innecesario en un momento particularmente delicado.

La puesta en marcha de los proyectos de Ruta despiertan inquietud, incertidumbre y desazón. La probable corrupción en lo casos citados constituye un explosivo ingrediente adicional que no se puede soslayar.

Y la pregunta obligada es ¿alguien ha informado a los funcionarios superiores de lo que sucede todos los días en ese ámbito, o también estiran la mano?