Ley de Seguridad Interior es herramienta de represión política: Armenta

* Generará más violencia y violaciones a los derechos humanos, advierten legisladores de Morena

Lejos de regular y otorgar un marco jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, la nueva Ley de Seguridad Interior, que aprobó la Cámara de Diputados y que ya está en el Senado para su discusión, presenta graves inconsistencias: es anticonstitucional, generará más violencia y violaciones a los derechos humanos, además de que criminaliza la protesta social, advirtió el diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa acompañado por sus correligionarios Rodrigo Abdala y Miguel Alva, el representante del Distrito 07 advirtió que con esta nueva norma se prepara a la policía para la “represión electoral”.

Aseguró que esta Ley tiene visos de inconstitucionalidad, porque “el Congreso de la Unión no está autorizado para legislar sobre seguridad interior e incumple con el mandato de que la seguridad pública esté en manos de civiles”.

Asimismo, es contraria a lo tratados internacionales y a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de retirar las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad.

“La Ley de Seguridad Interior contraviene tratados internacionales ya que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil, debilitando así el sistema de justicia penal, ya que se empodera la figura de Enrique Peña Nieto para la represión”, advirtió Armenta.

Es previsible, anotó Armenta Mier, que con ella se genere “más violencia, pues la evidencia confirma que en 10 años el uso de las fuerzas armadas no ha disminuido los homicidios; por el contrario, aumentó su índice”.

Asimismo, posibilita la frecuencia de las violaciones a derechos humanos, que ya han quedado expresadas en el incremento de las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas por torturas, ejecuciones y desapariciones.