Merlo: Congreso pone a Puebla a la vanguardia en respeto a DH

  • - Redacción

Al referirse a la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, la diputada reconoció que también es un triunfo de la sociedad civil

Con la derogación en Puebla del delito de ultrajes a la autoridad, además de cumplir con un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo declaró inconstitucional, se cristaliza un mandato y triunfo de la sociedad civil organizada y se coloca al estado a la vanguardia en el respeto a los Derechos Humanos y la libertad de expresión, aseguró la diputada local Isabel Merlo Talavera.

Al participar en el debate, previo a la votación de la reforma que presentó la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, la legisladora priísta resaltó que la bancada del “Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre apoyará e impulsará acciones que fortalezcan a las instituciones y que empoderen a la ciudadanía”.

En su alocución, Merlo Talavera aseguró que “en un país democrático nadie puede, ni debe ser encarcelado por expresar o manifestar sus inconformidades. La criminalización de la lucha social, de la libre manifestación y de la demanda de necesidades sólo se da en Estados autoritarios”.

Agregó que “México, ha construido instituciones sólidas y democráticas, que buscan el pleno respeto a los derechos humanos, que incentivan la participación de la sociedad y los cambios democráticos de manera pacífica”.

En la tribuna durante la sesión de este martes, Isabel Merlo Talavera explicó que en febrero pasado, el Senado de la República exhortó a los Congresos Locales de 18 estados del país, entre ellos Puebla, a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, pues este tipo penal se contrapone jurídicamente con los principios de presunción de inocencia, el libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión.

También porque se considera que “legitima abusos contra los ciudadanos, ya que el tipo penal y la sanción desestiman las garantías de derechos humanos de las personas, por lo que es considerado como una norma que viola los derechos fundamentales y propicia el abuso de la autoridad”.

Dijo, finalmente, que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presentó la iniciativa de reforma, para derogar este delito y que el Grupo Legislativo del PRI acompañó la propuesta, “con la que coincidimos plenamente”.

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