Londres plantea extender el periodo de transición tras el ‘Brexit’

Reino Unido busca flexibilizar el periodo transitorio después del Brexit para evitar caer en el abismo tras la salida de la UE. Londres plantea extender ese plazo —a grandes rasgos, una prolongación del statu quo hasta que entre en vigor la relación futura del país con la UE— más allá de la propuesta de Bruselas, que es que finalice el 31 de diciembre de 2020. Así lo expresan los negociadores británicos en un texto entregado a sus contrapartes europeas en Bruselas, en el que no se especifica la fecha final del periodo de transición. Esa indefinición inquieta a los principales defensores del divorcio, que no ven próximo el momento de desvincularse de las reglas comunitarias, pero también a Bruselas, reacia a dar prebendas a los socios británicos cuando se alejen de la familia europea. El choque en este aspecto amenaza con dificultar aún más el diálogo sobre el periodo transitorio.

“Reino Unido cree que la duración del periodo debe estar determinada sencillamente por cuánto se tarde en preparar e implementar los nuevos procesos y sistemas que apuntalarán la relación futura. Reino Unido está de acuerdo en que esto apunta a un periodo de alrededor de dos años, pero desea debatir con la UE los cálculos que sostienen la fecha final propuesta”, señala el documento. A continuación, deja entre corchetes la fecha propuesta por el club comunitario para dar por terminado el periodo de gracia: 31 de diciembre de 2020.

La propuesta de Londres tiene el potencial de agravar las tensiones dentro del Partido Conservador, en el que se libra una cruenta batalla sobre la naturaleza de ese periodo transitorio, destinado a evitar un salto al vacío después del 29 de marzo de 2019, fecha en la que, en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa, Reino Unido estará fuera de la UE. Durante el periodo transitorio, Reino Unido permanecería en el mercado único y la unión aduanera, así como bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, pero carecería de voz en la elaboración de las normas al dejar de ser miembro de.

En su discurso de septiembre del año pasado en Florencia, donde esbozó sus líneas maestras para la negociación, Theresa May habló de un “periodo de implementación” –ese es el término preferido por el Gobierno británico- de “alrededor de dos años”. La primera ministra había logrado un consenso a regañadientes entre los dos bandos enfrentados, en el partido y en el Gobierno, sobre ese periodo de transición limitado. Bruselas, que vio en la petición británica un intento de evitar el caos creado por el referéndum, propuso como tope el 31 de diciembre de 2020. El motivo es que los presupuestos europeos, que se elaboran en ciclos de siete años, vencen en esa fecha. Para negociar los nuevos, resulta complejo contar con un socio que solo estará en la Unión unos meses de ejecución presupuestaria.

Downing Street considera que el documento no hace sino confirmar la postura de May de que el periodo transitorio debe durar “alrededor de dos años”. Y ha aclarado, en respuesta al revuelo creado en el sector duro del partido tras la publicación del documento, que el acuerdo final, en el que presumiblemente estará claro el horizonte de la relación futura, contendrá una fecha firme en la que concluirá la transición. El argumento resulta poco realista. Será difícil que Londres y Bruselas puedan pactar en poco más de un año las bases de su entendimiento a largo plazo cuando 20 meses después del referéndum de salida apenas han acordado las condiciones del divorcio.

Desvirtuar el Brexit

Alargar el periodo transitorio, acercándolo peligrosamente a las elecciones legislativas británicas previstas para junio de 2022, sería un sapo difícil de tragar para el sector más euroescéptico del Partido Conservador. Este teme que la transición se eternice y acabe desvirtuando el Brexit, o incluso haciéndolo peligrar, y demanda una ruptura clara en marzo de 2019. El mundo empresarial -y con él el sector tory más moderado- lleva meses tratando de persuadir al Gobierno de que mantenga abierta la posibilidad de una mayor duración, temeroso de que, como sugiere el lento avance de las negociaciones, el acuerdo sobre la relación futura no esté cerrado al final de esos dos años.

La indefinición en el fin de la transición tampoco beneficia a Bruselas. Los Estados miembros —principalmente Francia y Alemania— insisten en limitar ese plazo difuso en que Londres podrá exhibir su tarjeta de salida de la UE pero al mismo tiempo disfrutar de todos los beneficios (libre intercambio de bienes y servicios, circulación de ciudadanos sin restricciones...).

La prolongación del periodo transitorio podría obligar a recalcular la factura del divorcio. El cálculo acordado en diciembre –que se estima en cerca de 45.000 millones de euros- cubriría solo las obligaciones financieras de Reino Unido hasta el término del vigente presupuesto de la UE al final de 2020. Además, tiene el potencial de retrasar aún más las negociaciones: las peticiones británicas, que incluyen también un derecho de veto sobre legislación europea durante esa fase, pueden hacer peligrar el acuerdo sobre el periodo transitorio en la Consejo Europeo de marzo. Si no se alcanza, el tiempo para las negociaciones sobre la relación futura se reduce aún más, teniendo en cuenta que el acuerdo debería estar listo en otoño de este año, para que pueda ser refrendado por el Parlamento Europeo.