Denuncia FGR evidente conducta indebida del Poder Judicial en caso Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR), acusó la “evidente conducta indebida” por parte del Poder Judicial en el caso de Emilio Lozoya.

“Los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio L, y contra las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex, al desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales”, posteó la FGR en la red social X.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal ha confirmado la exclusión de pruebas bancarias que la Fiscalía General de la República (FGR) consideraba cruciales para demostrar supuestos sobornos de 105 millones de dólares recibidos por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, de la empresa brasileña Odebrecht.

Esta decisión representa un revés significativo para la FGR en su proceso judicial contra Lozoya Austin. En respuesta a la apelación presentada por la FGR respecto a la exclusión de comprobantes financieros de bancos suizos y de transferencias de recursos a empresas offshore como pruebas de los sobornos, los magistrados del Tribunal han modificado la decisión del juez de control Gerardo Alarcón López. Sin embargo, solo se ha admitido como prueba el procedimiento judicial iniciado en Nueva York contra Odebrecht, excluyendo las pruebas bancarias.

En una audiencia intermedia celebrada en marzo de este año, el juez Alarcón López no aceptó las pruebas de la FGR relacionadas con información bancaria suiza y comprobantes de transferencias de recursos de Odebrecht a empresas vinculadas a Emilio Lozoya. El juez consideró que estas pruebas se obtuvieron ilegalmente y violaron el secreto bancario.

La Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) tienen la opción de impugnar esta decisión a través de un amparo, aunque la mayoría de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación votaron a favor de la exclusión de las pruebas bancarias.

Estas pruebas bancarias, anteriormente consideradas clave, habrían servido para demostrar los presuntos sobornos por 10.5 millones de dólares que Emilio Lozoya habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht durante su mandato como director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se espera que la UIF y Pemex busquen obtener un amparo para recuperar estas pruebas, que incluyen transferencias desde empresas relacionadas con Odebrecht a cuentas en Suiza pertenecientes a Lozoya.