Absuelven a Rosario Robles del delito de uso indebido del servicio público

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó la absolución de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, en relación al delito de uso indebido del servicio público, vinculado con el caso conocido como la "Estafa Maestra".

El pasado 5 de diciembre, el tribunal desestimó la apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) para revertir la absolución de Robles Berlanga. La exfuncionaria, a través de sus redes sociales, anunció su absolución y expresó su satisfacción por la resolución.

Destacó que, a pesar de haber sido encarcelada, nunca dejó de considerarse libre y mantuvo su dignidad intacta. Asimismo, criticó el uso de las instituciones para venganzas, subrayando la falta de democracia en dicho enfoque.

El proceso legal contra Robles Berlanga se originó en agosto de 2019, cuando fue detenida y acusada de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en el marco de la "Estafa Maestra".

En febrero de 2022, el juez de control Roberto Paredes Gorostieta canceló el proceso penal y exoneró a Robles, argumentando que los cargos eran más apropiados como faltas administrativas.

La audiencia de exoneración se llevó a cabo como respuesta a un amparo otorgado por el Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México. Tras pasar casi tres años en el penal de Santa Martha Acatitla, Robles obtuvo la libertad condicional en agosto de 2022, cuando se modificaron sus medidas cautelares.

En mayo de ese mismo año, un juez federal concedió un amparo adicional a Robles, anulando la orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con la "Estafa Maestra". Este hecho consolidó la posición de la exsecretaria de Desarrollo Social en su proceso legal.

Con la reciente confirmación de la absolución por parte del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, Robles reiteró que su nombre y trayectoria permanecen inalterados a pesar de las acusaciones en su contra. La decisión judicial no solo pone fin a la persecución penal, sino que también levanta las medidas cautelares de prisión preventiva y la restricción para salir del país sin autorización.