La segunda vuelta en México plantea importantes retos para las instituciones electorales: IBD

·         Desde el año 2012, en el Congreso de la Unión se han presentado 14 iniciativas para incorporar la figura de la segunda vuelta electoral.

·         Un escenario de implementación de la segunda vuelta hace indispensable revisar las condiciones en términos presupuestales, legales y temporales.

La eventual implementación de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de México implicaría importantes retos legales y operativos para el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y para los legisladores en términos de la legislación secundaria.

Así lo señala el estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica, “Segunda vuelta: implicaciones de una posible implementación en México”, y publicado como parte de la serie “Temas estratégicos”.

Reporta que, desde el año 2012 en el Congreso de la Unión se han presentado 14 iniciativas para incorporar la figura de la segunda vuelta electoral. Además, en diciembre de 2009 y en noviembre de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de reforma para realizar una segunda vuelta en la elección presidencial.

La segunda vuelta es un método de elección que implica que los dos candidatos que recibieron más sufragios en una primera ronda vuelvan a ser votados en una segunda ronda, para elegir al candidato a ocupar el puesto de elección popular (usualmente con mayoría absoluta, pero no necesariamente).

El método de segunda vuelta más utilizado es el que designa a los contendientes entre los dos candidatos más votados (segunda vuelta de mayoría). Este método contempla que, si un candidato gana más del 50 por ciento de la votación, entonces no será necesario realizar una segunda vuelta.

En las iniciativas presentadas, sus promotores argumentan que la segunda vuelta generaría mayorías electorales y un ganador con más consenso; además lograría ampliar la participación democrática; propiciar coaliciones de gobierno y reducir la conflictividad política poselectoral.

Sin embargo, el estudio del IBD advierte que, para el sistema político mexicano, la segunda vuelta “puede reducir la capacidad de las autoridades para garantizar confiabilidad o equidad por la reducción de tiempos y el aumento de costos y procesos, o, en otro escenario, ampliar los tiempos y costos del proceso electoral para que los elementos de confiabilidad y certidumbre sean compatibles con la segunda vuelta, lo cual no es un dilema menor dada la historia de desconfianza en nuestros procesos electorales”.

El sistema electoral mexicano, explica, es más complejo que en otros países, en cuanto a fiscalización, organización, reglamentación, procesos jurisdiccionales y calidad de materiales para la jornada electoral. “Esto se debe a que las reformas electorales de los últimos años han privilegiado elementos de seguridad y certidumbre para garantizar la confiabilidad y equidad de las elecciones mexicanas”.

El IBD señala que un escenario de implementación de la segunda vuelta, para la elección presidencial en México, hace indispensable revisar las condiciones en términos presupuestales, legales y temporales.

Se debe considerar la carga operativa y presupuestal que el INE tendría que absorber, en un contexto de críticas por los gastos para la operación del sistema electoral. En términos logísticos, deberían replantearse temas como la capacitación de funcionarios electorales y la elaboración de boletas y paquetes electorales. “En ese sentido, una segunda vuelta implicaría reducir ese tiempo de preparación que significa imprimir y elaborar nueva paquetería electoral, además de pedir materiales normales para una elección por si hacen falta.

Además, hay preguntas que los legisladores deberán responder en caso de aprobar una segunda vuelta: ¿qué sucedería con las prerrogativas y tiempos de radio y televisión de partidos y candidatos que no pasen a segunda vuelta? ¿Y con los de aquellos que si logren pasar? ¿Qué plazos tendrían que disponerse para que el TEPJF califique la primera vuelta como válida y dar paso a la segunda elección? Dado que la fiscalización de un proceso dura 37 días, ¿Cuáles serían los nuevos plazos para este proceso y así dar certidumbre sobre el origen y destino de los recursos utilizados en la campaña de la segunda vuelta?

En suma, aplicar una segunda vuelta en una elección presidencial implica retos importantes de carácter organizativo (presupuestales, humanos y logísticos); de diseño (umbrales para definir a los candidatos de la segunda vuelta, márgenes de votación de candidatos y día de la segunda jornada de votación); y de ajuste con el modelo electoral vigente (coincidencia o no de la elección de congreso en uno de los dos días de las dos vueltas, distribución de tiempos de campaña, financiamiento para partidos, fiscalización, conteo de los votos, validez de la elección).

El IBD reconoce que la segunda vuelta implica ventajas importantes en términos de participación política, mayor respaldo ciudadano al gobierno electo y permite enfrentar situaciones de conflictividad política.

Sin embargo, la evidencia disponible deja claro que no necesariamente la segunda vuelta evitaría del todo que quien fuera electo no tenga el respaldo mayoritario, sobre todo si es un candidato elegido para evitar que otro lo sea; además de que las coaliciones en segunda vuelta no se mantienen usualmente en la formación de agendas de gobierno.

El estudio admite la preocupación sobre la necesidad de crear coaliciones legislativas y gobiernos con más respaldo ciudadano. No obstante advierte: “Es necesario valorar los efectos concretos que ha tenido la segunda vuelta en otros países, así como cuidar que el diseño electoral no afecte a dos de los objetivos centrales con los cuales se dio la transición a la democracia en México: representación de la diversidad sociopolítica de los ciudadanos y elecciones confiables”.

En ese sentido, aunque hay reformas electorales útiles, no se deben sobreestimar las intenciones con las cuales se diseñan, ni subestimar otras consecuencias no deseadas, concluye el estudio.