Senado aprueba la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena

Con 86 votos a favor y 42 en contra, el Senado de la República aprobó la reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El decreto fue enviado de inmediato a los congresos estatales para su ratificación.

La sesión estuvo marcada por un fuerte dispositivo de seguridad, luego de que estudiantes normalistas de Ayotzinapa lanzaran petardos al interior del Senado, dejando a una senadora herida. Pese a este incidente, la votación se realizó conforme a lo previsto.

La reforma modifica 12 artículos de la Constitución y establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública dependiente de la Sedena, integrada por personal de origen militar con formación policial. Se excluyó del dictamen al personal naval.

Durante el debate, Omar García Harfuch, futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, subió a tribuna para defender la reforma y aseguró que no implica una militarización del país. Sostuvo que la estrategia de seguridad se enfocará en la investigación e inteligencia para combatir el crimen. “Es una responsabilidad compartida entre la Federación y las entidades federativas”, afirmó.

El bloque opositor, sin embargo, insistió en que la reforma profundiza la militarización. El panista Ricardo Anaya afirmó que la estrategia de seguridad del gobierno ha sido un "fracaso" y no ha logrado pacificar al país. Claudia Edith Anaya, del PRI, también expresó su preocupación por las implicaciones de la reforma en la seguridad pública.

Al final del debate, el líder de Morena, Adán Augusto López, instó a la oposición a colaborar en la estrategia de seguridad para enfrentar los problemas de violencia en el país.

Puntos clave de la reforma:

La Guardia Nacional operará bajo la dirección del Ministerio Público en la investigación de delitos. El Congreso de la Unión tendrá facultades para regular la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública. Además, el comandante de la Guardia Nacional será designado por el presidente de la República a propuesta de la Sedena.

Se transferirán a la Sedena los recursos destinados a la Guardia Nacional y su personal estará sujeto al fuero militar, lo que significa que sólo podrán ser juzgados por tribunales militares. También se estipula que el personal de la extinta Policía Federal será adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales.