Morena aprueba reformas para la elección de jueces y magistrados en 2025

Con 81 votos a favor y 40 en contra, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y la Ley de Medios de Impugnación, que establecen las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025. Aunque el oficialismo impulsó los cambios, retiraron a última hora una disposición que otorgaba derecho de veto a los Poderes de la Unión sobre las listas de candidatos.

La oposición rechazó enérgicamente las reformas, acusando irregularidades en su procesamiento. Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN, cuestionó la falta de certeza legislativa y aseguró que no se puede llevar a cabo un proceso electoral sin reglas claras. “Estamos haciéndola sobre las rodillas”, afirmó.

Ricardo Anaya, también del PAN, sostuvo que estas modificaciones buscan otorgar a Morena control absoluto sobre el Poder Judicial. “El pueblo sale a votar, pero ¿de qué sirve si ya decidieron quién aparecerá en las boletas?”, sentenció.

Desde el PRI, Claudia Anaya calificó las reformas como un “cochinero” y advirtió que someter a los jueces a un proceso electoral público los empuja a caer en un “populismo judicial”. En su intervención, subrayó que las decisiones judiciales deben ser legales, no populares, y alertó sobre el riesgo de politizar la justicia.

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también criticó la reforma y advirtió que politizar el Poder Judicial es un grave error. "Estamos actuando sin responsabilidad, y aunque ya nos acostumbramos a ver maromas, esto es un doble mortal hacia atrás", ironizó.

Por su parte, Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación y miembro de Morena, defendió las reformas. Aseguró que estas establecen un modelo de justicia democrática mediante la elección directa de los cargos judiciales, lo que permitirá que la justicia sea más accesible a las mayorías.

Las reformas fijan un nuevo esquema para la elección de jueces y magistrados mediante votación ciudadana, directa y secreta, en la cual se elegirán ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito.

Además, las nuevas disposiciones establecen reglas para el proceso electoral que incluirán convocatoria y postulación de candidaturas, organización de las elecciones, uso de propaganda, encuestas de opinión, integración de mesas directivas de casilla, manejo de boletas y materiales electorales, observación electoral y acceso a tiempos en radio y televisión. El Instituto Nacional Electoral (INE) jugará un papel fundamental al encargarse de la promoción y participación ciudadana, la fiscalización y la organización de la jornada electoral.

El decreto, que ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis, prevé la implementación de un sistema riguroso para garantizar la transparencia en la selección de los jueces. Entre las fechas clave, el Senado emitirá la convocatoria general el 16 de octubre de 2024, y el proceso de evaluación de candidatos iniciará a partir de noviembre, para concluir en febrero de 2025, cuando se publicarán los listados finales de los postulados que aparecerán en las boletas.

En este nuevo esquema, los ciudadanos tendrán una participación activa en la renovación de los poderes judiciales. Se plantea que los jueces sean electos bajo un esquema de sufragio, algo sin precedentes en la historia de México. Este modelo, según los promotores de la reforma, busca democratizar al Poder Judicial y asegurar que los impartidores de justicia respondan directamente a la ciudadanía.

Sin embargo, para la oposición, esta reforma representa un grave riesgo de politización y un intento por parte del oficialismo de controlar el aparato judicial. Además, consideran que la celeridad en la aprobación y la falta de debate sobre las implicaciones profundas del nuevo modelo de justicia podrían generar incertidumbre en un proceso tan delicado como la elección de jueces y magistrados.

Las voces críticas advierten que esta reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial, al someter a los jueces a un proceso electoral que podría influir en sus decisiones futuras. No obstante, el bloque mayoritario en el Senado asegura que este modelo promoverá una justicia más accesible y cercana a la ciudadanía, manteniendo la imparcialidad en las decisiones judiciales.

El debate sobre las reformas continuará en la Cámara de Diputados, donde se analizará su viabilidad y se decidirá su implementación final antes de los comicios de 2025.