Seis años de cárcel para quien intervenga correos electrónicos, propone el PRI

Ante la llegada de las nuevas tecnologías y la importancia de que las comunicaciones sigan siendo privadas, el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, que contempla hasta seis años de cárcel para quien intervenga, sin mandato de autoridad judicial competente, los correos electrónicos, mensajes de datos, voz e imágenes o cualquier otro medio análogo.

El legislador priísta mencionó que con la revolución de las tecnologías de la información y de comunicación, el correo electrónico ha ido desplazando al correo tradicional y si bien en la legislación se estipula que se sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, se tiene que ser más específico para mantener en forma íntima cualquier comunicación privada, incluyendo las de recién inclusión derivadas de las nuevas tecnologías.

“La tesis de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) permite a los juzgadores subsanar la laguna jurídica actual en la legislación penal, para incluir a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y demás insumos tecnológicos que ayudan a facilitar la comunicación. No obstante, el actual criterio es un razonamiento aislado y no tiene categoría de ley. Así, los juzgadores no tienen obligación de utilizarlo al resolver los casos que les lleguen a sus despachos, dando lugar a afectaciones en el bien jurídico tutelado y dejando al libre albedrío de los jueces emplearlo”, indicó.

Jorge Toledo abundó que el Diccionario de la Real Academia Española define el término correo electrónico como un “sistema de transmisión de mensajes por computadora a través de redes informáticas”.

“Por eso, precisamente, es necesario que estos mensajes electrónicos que ahora forman parte de la vida gregaria de la humanidad, sean regulados en cada uno de los países del orbe, es decir, se deberá de contar con un respaldo jurídico en donde se garanticen las comunicaciones privadas y evitar la intromisión de terceros”, reiteró.