Denuncian penalmente agresiones contra defensoras de los derechos de las mujeres en Veracruz

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidiones (OCNF) conformado por 40 organizaciones, ubicadas en 22 estados del país denuncia las agresiones contra defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres en Veracruz.

El pasado 1 de julio el Juez Decimoctavo de Distrito con residencia en Xalapa otorgó el Amparo 1191/2017,  interpuesto por el OCNF ante el inclumplimiento de las autoridades del estado de Veracruz a las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Género por Agravio Comparado. El amparo ordena a la legislatura actual del Congreso de Veracruz realizar diversas  modificaciones a los artículos 149, 50 y 154 del Código Penal del Estado para ampliar las causales, a fin de garantizar la Interrupción legal del Embarazo (ILE).

Luego de esta histórica sentencia, como organizaciones no gubernamentales, hemos documentado diversas agresiones contra integrantes del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM Veracruz), activistas y defensoras de los derechos de las mujeres, particularmente contra quienes defienden su derecho  a una vida libre de violencia denunciando el feminicidio, los delitos sexuales y contra quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos.

Estas agresiones van desde las campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machista, calumnias, intimidación, hasta amenazas de agresión física que pudiera derivar en daños irreparables como lo es el feminicidio.

Ejemplo de ello, son las agresiones a la defensora Esmeralda Lecxiur Ferreira, abogada feminista, integrante de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER) y del Frente Veracruzano por la Vida y Derechos de las Mujeres; quien a partir del 15 de julio de 2018 comenzó a recibir mensajes que circulan en las redes sociales denostando y deslegitimando su labor.

Haciendo uso de su imagen y del logotipo de MEXFAM (asociación con la que colabora) se ha iniciado una campaña contra ella y las defensoras de los derechos humanos en la que se advierte que: “el asesinato no es un derecho” haciendo alusión a la interrupción legal del embarazo, asimismo, se calumnia a las defensoras aseverando que a través de su labor lucran con los derechos de las mujeres, lo cual es a todas luces falaz, sobre todo cuando lo que se busca es justamente garantizar la integridad y salud de las mujeres y niñas veracruzanas.

Los mensajes difundidos en redes sociales, exponen la integridad física de las defensoras y sus familias, pues los mensajes que envían -principalmente impulsados por grupos fundamentalistas- son mensajes que incitan al  odio, discriminación y violencia hacia las defensoras de los derechos reproductivos y a la salud de las mujeres.