Deja EPN el peor contexto de violencia contra las mujeres en México

* De 2012 a 2017 el OCNF registró 12,796 asesinatos de mujeres, de los cuales en solo el 22% se iniciaron investigaciones como feminicidio.

 * Organizaciones civiles clausuramos simbólicamente Procuradurías y Fiscalías por no procurar justicia, ni dar atención a las víctimas.

* Como nunca antes en la historia, el nuevo Gobierno Federal enfrenta grandes retos y recomendaciones internacionales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres es el legado que deja Enrique Peña Nieto (EPN) al concluir su sexenio.

Las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son “negligentes y omisas”, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de Mariana Lima, emitida en marzo de 2015.

Las estructuras patriarcales a las que nos enfrentamos las mujeres, se encuentran presentes en las relaciones de pareja, en la violencia laboral, en las zonas comunitarias, desde redes criminales y en la violencia institucional. La violencia de género afecta a las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público. Nos enfrentamos a contextos comunitarios de alta criminalidad donde somos consideradas mercancía, botín de guerra. Atentan contra nuestro cuerpo y nos someten a niveles de violencias inimaginables. Aunado a ello, la impunidad es imperante, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de la violencia.

En materia de violencia sexual la situación es preocupante. De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2017, solo 89 mujeres accedieron a servicios de aborto por violación, lo que contrasta con los casi 600 mil reportes de delitos sexuales al año, en los que nueve de cada diez víctimas, son mujeres. Cabe destacar que las mujeres víctimas de violencia sexual no reciben una atención integral; por el contrario, en la mayoría de los casos se les criminaliza al negarles el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. Tan solo entre 2008 y junio de 2017 organizaciones no gubernamentales documentamos 2,659 denuncias contra mujeres por el delito de aborto. Un factor más es el recrudecimiento de los obstáculos por la actuación de grupos antiderechos que se empeñan en impedir cualquier avance que tenga que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres.

Otra preocupación en el sexenio que agoniza, es la militarización de la seguridad pública, como política destinada al combate de la violencia. En los últimos años se incrementó el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y desaparición forzada de mujeres. Asimismo, el Estado no garantizó la realización de acciones inmediatas de búsqueda en campo, ni existió una coordinación efectiva entre las autoridades federales, estatales y municipales para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición de mujeres y niñas.

Los feminicidios en México siguen siendo un flagelo nacional. De acuerdo con datos recabados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el 40% de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70% de los casos, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Las causas de muerte documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras. 

En este contexto tan adverso, el Estado toleró y legitimó la presencia y el control territorial de redes y estructuras criminales a nivel nacional que atentaron contra la vida de las mujeres y niñas. A pesar de que se identificaron y documentaron patrones del delito, prácticas y modus operandi, tanto el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, fueron omisos al negarse a reconocer la vinculación del feminicidio con otros delitos, reduciéndolo sólo al ámbito privado, intentando desconocer que los contextos criminales están atentando contra la vida de las mujeres. 

En ese sentido, de acuerdo con la información del Gobierno Federal, del 2012 al 2016 solo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio, sin determinar si estas fueron o no condenatorias.

Si bien durante el gobierno de EPN se logró la investigación y la declaratoria de 17 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), éstas no tuvieron el impacto esperado debido a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no quiso corregir y fortalecer el Mecanismo, a pesar de las propuestas hechas por las propias organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia.

Hoy, “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, estamos frente a un contexto grave señalado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de la ONU en su novena evaluación, al cuestionar al Estado mexicano, por el incumplimiento de varias de las recomendaciones reiteradas en las evaluaciones recientes y a pesar de las cuales, la situación de violencia es cada vez más grave. 

Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, reconocemos que el nuevo gobierno se enfrentará a un contexto como nunca antes en la historia de México, por lo que se requiere de una acción urgente y responsable, con una ruta clara que permita evaluar los impactos de las medidas que implemente para erradicar la violencia contra las mujeres.  Por lo anterior recomendamos lo siguiente:

-Que exista un compromiso real del nuevo Gobierno Federal para resolver de fondo y con un enfoque diferencial, la situación de las violencias que viven las niñas y mujeres en México.

-Eliminar las políticas públicas que no dan resultados, a través de un sistema de evaluación en donde los impactos positivos puedan ser medibles.

-Que el Poder Legislativo proponga un marco legal que depure a las instancias que pasaron de Procuradurías a Fiscalías, a fin de sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstruyan el acceso a la justicia, para que la autonomía de las Fiscalías no sea un sinónimo de impunidad frente a los derechos de las víctimas y sus familias.

-Que el Poder Legislativo, las autoridades estatales y federales construyan, de manera coordinada, marcos legales y las políticas públicas para salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres.

-Que el presidente de la República electo, los gobernadores/ra actuales y los cinco nuevos gobernadores/ra incluyan el combate, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres como un eje transversal y una prioridad en sus agendas políticas.

Las defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que conformamos el OCNF en 23 estados de la República, damos cuenta de la inacción, desinterés y dolo que prevaleció en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y estaremos atentas del actuar del nuevo Gobierno Federal. Manifestamos nuestra disposición e interés de trabajar de manera conjunta, a fin de que las mujeres en México puedan vivir en condiciones de igualdad, libertad y seguridad.