Solicitarán legisladores información de la subasta de vehículos decomisados al crimen organizado

* La primera, celebrada en Los Pinos, dejó alrededor de 30 millones de pesos.

Ciudad de México.- La Tercera Comisión de la Permanente aprobó un acuerdo para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) un informe sobre los montos obtenidos en las distintas subastas de bienes realizadas con motivo de hechos de corrupción, así como los criterios de destino, de los mismos.

En las consideraciones del dictamen se señala que recientemente se realizó en Los Pinos una subasta de vehículos que constituyó la primera aportación al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo que sustituirá al SAE, por alrededor de 30 millones de pesos.

Por otro lado, se informó que la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones del Gobierno Federal será financiada con unos 30 millones de pesos provenientes de la subasta de autos decomisados a delincuentes y crimen organizado.

La solicitud de información aprobada por senadores y diputados precisa que son diversos los anuncios que ha realizado el Presidente y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para obtener ingresos adicionales y que éstos sean destinados a acciones en materia de educación, salud e infraestructura.

El anuncio del Presidente busca obtener ingresos por mil 500 millones de pesos, producto de los decomisos que realizan la Fiscalía General de la República (FGR) a quienes cometen delitos, refiere el documento. Además, de la venta del avión presidencial y la flotilla aérea adscrita el Gobierno Federal, que constaba de 60 aviones y 70 helicópteros.

Irregularidades financieras en Veracruz

Además, los integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión aprobaron solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR), para que lleve investigue las observaciones al Gobierno de Veracruz, durante la administración del periodo 2016-2018.

Dicha solicitud se desprende de la denuncia presentada por el Auditor General del Órgano de Fiscalización de Veracruz (ORFIS), relativas a la adquisición de cámaras que forman parte del Sistema Estatal de Videovigilancia y considerado en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.