Justicia para mujeres y jóvenes de México impulsa Armenta
El presidente del Congreso de la Unión, Alejandro Armenta realizó las Declaratorias de Constitucionalidad de la Ley 3 de 3 a favor de las mujeres y la Ley para permitir que jóvenes de 18 años sean votados
Como un hecho histórico que une a la fuerza legislativa calificó el senador Alejandro Armenta las Declaratorias de Constitucionalidad para que los jóvenes de 18 años participen en cargos públicos y/o de representación popular, así como el impedimento para que personas que hayan ejercido violencia física, política o sexual contra mujeres participen en procesos electorales o en cargos públicos.
De esa manera, el presidente del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente refrendó que en el Poder Legislativo se pondera a las mujeres y a los jóvenes, facilitando el entorno para su desarrollo pleno en la construcción de la democracia y el bienestar, “la Ley 3 de 3 y la participación a ser votado a los 18 años, es una muestra de que en el cierre del periodo ordinario de sesiones el 28 de abril había temas importantes que aprobar y, así se hizo: qué vivan las mujeres” señaló el senador Armenta.
Una vez que se computaron los votos aprobatorios por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la CDMX, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de esos decretos, para ser remitidos al Diario Oficial de la Federación para su publicación y aplicación.
El senador Armenta refirió que es la democracia de género la que se debe celebrar “en la 3 de 3 se protegen los derechos de las niñas, niños y jóvenes a crecer en un entorno de bienestar, sin que la separación de los padres los afecte; no hay cabida para deudores de pensiones alimenticias porque hay una ley para que cumplan con sus responsabilidades con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”.
El legislador poblano precisó que con la 3 de 3 se prohíben los matrimonios infantiles además del establecimiento de Centro de Justicia para las Mujeres y la inclusión por parte de la SEP de planes y programas de estudios con los derechos de mujeres, niñas, niños y jóvenes para una vida libre de violencia.
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