SSPC exhibe a jueces de Puebla que liberaron a secuestradores

El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, señaló a los jueces poblanos Roberto Antonio Domínguez y Javier Martínez como “jueces que favorecen a delincuentes”, por cambiar las medidas cautelares de dos secuestradores.

“Es un caso en el que de manera típica se otorga una medida cautelar distinta a prisión preventiva a dos presuntos secuestradores, cuando la pena de este delito va de los 40 a los 100 años de prisión, esto en el estado de Puebla”, informó.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Rodríguez Bucio presentó el informe Cero Impunidad en el que recordó que el 23 de enero de 2018, una mujer fue secuestrada en su negocio en la ciudad de Puebla por los dos imputados, Diego N. y Juan Carlos N.

Tres días después, la víctima fue rescatada en un motel y los dos presuntos secuestradores fueron detenidos, se les impuso prisión preventiva oficiosa y fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado en febrero del siguiente año.

Luego de ratificarse la medida cautelar, la defensa de los imputados logró dilatar el proceso. La Fiscalía de Puebla formuló la acusación casi un año después, pero la defensa consiguió prórrogas, postergando la audiencia intermedia.

“Sin embargo, casi cinco años después la defensa promueve un amparo para la revisión de las medidas cautelares, el cual fue otorgado por el juez primero de Distrito en Materia Penal en Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz”, explicó Rodríguez Bucio.

Por lo que el 3 de julio se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas ante el juez de control de la región judicial del centro del Poder Judicial de Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, quien, pesar de las circunstancias, decidió otorgar libertad de jurisdicción, cesar la prisión preventiva a los presuntos secuestradores y establecer nuevas medidas como la presentación periódica mensual.

"En este caso y de manera atípica se otorgó una medida cautelar distinta a la prisión preventiva a dos presuntos secuestradores cuando la pena para este delito es de los 80 a los 100 años de prisión", explicó.

Aparentemente, dijo Bucio, no se consideró el peligro que supone la liberación de los secuestradores para la víctima, los testigos y la comunidad.