Parabólica / Fiscalía General de Puebla: validar la evasión (I)
“Entonces ahorita van a tener que presentarlo a fuerzas y ellos mismos van a tener que ver qué hacen (...)”, dice la esposa de Nahur Hernández Santaella, el ex funcionario de la Fiscalía General del Estado acusado de haber robado más de ocho millones de pesos de la Bóveda de Indicios y Bienes Asegurados.
Se trata de la “sábana” de conversaciones telefónicas que esta mujer sostiene con su interlocutora y que obran en el expediente del ex funcionario que se llevó dinero, joyas, armas y vehículos, según documentó la prensa a principios de octubre de 2017.
La narrativa de ambas mujeres es el primer resquicio para suponer que existe una componenda entre funcionarios de primer nivel de la dependencia que encabeza el Víctor Carrancá Bourget para poner en libertad al ex subdirector de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado.
El brazo ejecutor de la probable trama es el responsable de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, Fernando Rosales Solís, uno de los más cercanos al propio Carrancá Bourget, a través de la Visitadora General, Celia del Carmen Solís y Macías, madre del titular del área, y a quien en algunos espacios de noticias y opinión han catalogado como el mejor policía de México.
El autor de la Parabólica tuvo acceso al expediente, cuya carpeta de investigación es la 144/2017/FISDAI, un robusto expediente de unas 2 mil 500 fojas del que se desprende un conjunto de inconsistencias que fortalecen lo que al principio parece aspiración más que convicción de parte de María Manuela Patricia López, cónyuge del indiciado.
Y sucede a menos de un mes de que se celebre la audiencia de pruebas ante el juez de control, prevista el 4 de marzo. Mientras, el ex funcionario Hernández Santaella recibe en prenda como pago del probable pacto un conjunto de amenidades en el penal de San Miguel, el más grande del estado.
Ve pasar los días y sin apremio, dormir en las noches en un área confinada, lejos de la violencia característica del sistema carcelario. Es la zona de dormitorios destinados para quien comete delitos financieros.
Forajidos de cuello blanco que pueden pagar servicio de wifi, teléfonos móviles, visitas sin restricción de horario, servicio médico privado y, sobre todo, protección ante cualquier intento de daño físico.
Una renta mensual es pagada puntualmente para que Nahur Hernández Santaella, el servidor público que puso en el mapa internacional a la Fiscalía General de Carrancá Bourget por el robo dentro de sus propias instalaciones, cumpla su parte: el silencio.
Fernando Maldonado
Reportero, Autor de la columna parabólica. Periodismo en red.
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