Parabólica / Daño colateral homicidio del niño Tehuatlie; #LeyBala, satanizada: magistrado Montiel Rodríguez

Inquietan los criterios jurídicos y más aún, la particular forma de medir una tragedia humana que polariza y que indigna, del magistrado José Montiel Rodríguez, artífice de la impopular #LeyBala en un contexto que terminó por confirmar el talante dictatorial de Rafael Moreno Valle y su grupo.   

La llamada #LeyBala estuvo satanizada y el homicidio de José Luis Alberto Tehuatlie, el niño muerto a manos de la Policía Estatal fue ‘daño colateral’.

Las expresiones fueron recogidas de una exposición que tuvo en su calidad de subsecretario Jurídico en la Secretaría General de Gobierno en octubre de 2014, en una mesa sobre Derechos Humanos y Protesta Social en México, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las apreciaciones del responsable de llevar el proyecto de Ley al Legislativo, cuando era gobernador Moreno Valle tienen un contexto particular por su nueva condición integrante del Poder Judicial, a donde fue enviado como premio a la elaboración de impopulares leyes y su defensa en distintos foros, como la Audiencia Pública del 153 Período de Sesiones de la CIDH, en octubre de 2014.

‘La CIDH recibió con preocupación información sobre la alegada tendencia por parte de las autoridades a restringir la libertad de expresión y la protesta social en el país desde 2012. Dicha tendencia se estaría presentando a través de iniciativas de leyes, algunas de ellas ya aprobadas, y normas federales y locales que presentarían restricciones mediante la regulación del espacio público para manifestaciones sociales’, dice el sitio del organismo.

¿Qué tipo de sanciones penales, administrativas o ambas se han aplicado en el marco de la recomendación por violaciones grabes cometidas en Chalchihuapan, Puebla; más bien, la saña contra pobladores, detenidos con violencia?, preguntó uno de los representantes de colectivos en la mesa de trabajo. 

-No se puede predicar defectos o favores de las leyes a partir de defectos o favores a partir de los actos de la aplicación de las leyes. Eso es muy serio, deslizó el defensor del régimen panista que había lastimado profundamente a un segmento amplio de la sociedad por la muerte violenta de un menor, hijo de una humilde familia de la campiña poblana.

‘Nosotros (el gobierno de Puebla) convenimos en que la simple vigencia de la aplicación de las leyes y los protocolos en sí mismos no garantizan que no se violen garantías ni derechos humanos o que se obtengan los fines deseados’, dijo más adelante.

Defensor decidido de una realidad que derramó sangre, aún más allá del fatídico 2014, recurrió a un galimatías para salir de las acusaciones por la barbarie de Chalchihuapan. La ley que regula la fuerza en el Estado de Puebla no clasifica las manifestaciones como violentas o no violentas por algún motivo, según su exposición para luego echar la culpa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

‘La Historia real es que en el proyecto de la ley, efectivamente había una clasificación de violentas y no violentas (…) el criterio venía de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación’; sin embargo, sí hace referencia a la violencia con la intención de poder identificar cómo aislar a la persona que genera o que puede generar actos violentos’.

Ya encarrerado dijo ante la mirada escrutadora de sus interlocutores, entre quienes estaba Emilio Álvarez Icaza, entonces secretario de la CIDH, que entre los propósitos de los colectivos defensores de derechos humanos y la ley que regula la fuerza en Puebla, ‘hay compatibilidad’.

No obstante la ley derogada por el Congreso del Estado el lunes 17 sigue vigente, tanto como su creador que hoy es responsable de impartir justicia desde una sala del Poder Judicial y para quien la #LeyBala está satanizada. La impunidad reinante tiene nombre y apellido.