En Puebla los muertos también cobran

Jesús Anselmo Rodríguez tenía 89 años de edad cuando falleció de cáncer prostático y anemia el 29 de abril de 2014, según dice el acta de defunción número 1206001.

Y sin embargo este habitante de San José Chiapa que ahora tendría 93 años, ha cobrado su apoyo del Programa de Pensión de Adultos Mayores; cada dos meses el dinero dispuesto en una ventanilla, según consta en el padrón de beneficiarios en el estado de Puebla.

Según el número que le fue asignado en el listado del programa, 4872750, éste hombre cuya credencial del Instituto Nacional Electoral es 040386202, está activo y emitible y cobró su ayuda en el bimestre julio-agosto de este año consistente en mil 165 pesos, como establecen las reglas de operación.

El caso de don Anselmo, muerto e inhumado hace cuatro años, es muy parecido a otros, como el de doña María Caridad Filiberta Fernández Vede, con el número de afiliación en 65 y Más 23053 A y también cobró en el último bimestre.

Ella murió de hipertensión arterial y accidente muscular cerebral el 24 de noviembre de 2017, dice acta de defunción bajo el número 0106001.

Es apenas el asomo de un complejo esquema de desvío de recursos originalmente destinados para paliar carencias de sectores vulnerables, como el de los ancianos, muchas veces olvidados por familiares, y ahora utilizados por un grupo de servidores públicos con una voracidad que rebasa los límites de la imaginable.

La trama corrupta involucra a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Puebla y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Una dependencia maneja los padrones de los programas de apoyo social, la otra, el dinero.

Para el último año de gestión priista de Enrique Peña Nieto fue presupuestado un monto de 2 mil millones de pesos para atender a 320 mil beneficiarios, lo que constituye uno de los padrones más numerosos en el país.

En poder del columnista un conjunto de expedientes de beneficiarios del llamado programa 65 y Más. Todos muertos y todos cobran religiosamente en las cabeceras municipales cuando son instaladas las ventanillas de Sedesol y Bansefi.

Lorenzo Rivera Sosa, el delegado grandilocuente de Sedesol no está ajeno al desvío de recursos para atender sectores más depauperados. Su comadre Carmen Cuéllar es jefa del programa 65 y Más en la región número 15, por ejemplo y ambos han guardado silencio cómplice.

Paradójicamente, el delegado que antes lo fue de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) aspira a quedarse en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre.

La intrincada red de complicidades tiene una larga lista de probables responsables que por años han utilizado las peores artimañas para quedarse con las pensiones de miles de beneficiarios.

En Puebla destacan dos nombres claramente identificados. Uno de ellos es Nelson Medina Amalfi, Jefe de Zona; el otro, Esteban Ixtlapale, ex promotor del programa de apoyo social.

La institucionalizada práctica de manejo irregular de dinero público fue recurrente en los últimos seis años. Hay nombres y cargos; permitió abonar a la percepción de corrupción que puso al partido del presidente de patitas en la calle tras la elección del 1 de julio, y sin embargo podrían ser perdonados por esta suerte de amnistía decretada anticipadamente por el próximo mandatario.

¿También van a perdonar a quien se benefició del dinero de los ancianos muertos?