Disputa por la plaza

El vulgar robo de las llantas de un Camaro de color amarillo desató un reguero de sangre en las últimas semanas por el rumbo de la colonia Francisco Javier Clavijero y tiene claros vínculos con las ejecuciones en el Mercado Unión, en el oriente de la ciudad de Puebla.

Sorprende la falta de acción preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública Policía Municipal y su titular María de Lourdes Rosales y de la capacidad de investigación de la Fiscalía General del Estado, en donde despachan los mismos funcionarios que acompañaron el peor momento de la institución en la era de Víctor Carrancá Bourget.

El episodio que encendió la mecha no fue el único y tampoco ha sido el primero. Confronta a dos grupos delictivos que se hacen llamar Los Sinaloas y Los Oaxacos, aunque en realidad tiene más que ver con una disputa local por la venta de droga, robo, extorsión, secuestro y robo de autopartes en una clara disputa por la plaza.

Uno de los puntos más álgidos de esta disputa es la ejecución de un chofer de la ruta 23-A el 4 de diciembre pasado, en la calle Fernando Arruti. Un disparo en la cabeza y una cartulina atribuida a Los Sinaloas fue la firma de la declaratoria de guerra del grupo rival.

Lo mismo ocurrió el elemento de la estatal muerto en una refriega el 26 de marzo; los embolsados de la colonia 20 de Noviembre, en noviembre pasado; las tres ejecuciones en la zona de mercados en el mismo día y el levantón y posterior ejecución de un joven de origen italiano de nombre Paolo Prato Paredes, y que está por convertir ese expediente en un incidente diplomático entre México e Italia.

Acaso lo más grave es que uno de los principales actores de la disputa sangrienta es un delincuente de poca monta con pretensiones de mayores dimensiones. Tuvo que ver con el operativo violento del 1 de julio cuando se sembró temor, robo de urnas y ejecuciones con la clara intención de inhibir la participación ciudadana en la histórica elección en la que obtuvo el triunfo en Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Es el mismo propietario del auto Camaro amarillo, quien junto con sus secuaces pretende cobro de piso de los comerciantes de la emblemática calle 46 Poniente, hasta donde llegó hace unos días recuperar las llantas del auto modelo 2015.

No sólo obtuvo lo robado, sino también una especie de “prima económica” consistente en 50 mil pesos y va por más: una cuota de 30 pesos al día por cada uno de los 740 establecimientos que a diario ofrecen piezas y servicios a uno de los parques vehiculares más extensos del país, lo que podría redituar en unos 70 mil pesos mensuales, libres de polvo y paja.

Los locatarios del basto centro de abasto de piezas para automóviles tenían programada una reunión a finales de la semana pasada. El sentir general es de hacer la aportación a cambio de protección y tranquilidad frente a los mensajes llenos de sangre de Los Sinaloas.

En el imaginario colectivo en esa zona de la ciudad en la que el efectivo fluye sin aduana ni mecanismo tributario alguno, saben que por ahora, Los Oaxacos tienen detrás una poderosa mano que los protege. Es el poder político coludido con el crimen.

Los destinatarios de los mensajes de Los Sinaloas y Los Oaxacos están convencidos que los más de 17 muertos contabilizados no serán suficientes. La plaza ya está caliente.