El huachicol que nos lastimó

Si en el mundo del narco el éxito se mide en gramos en Puebla se mide en litros. Sobre todo en el mercado negro de los combustibles, fuente inagotable de dinero fácil y mal habido. Primero fue en el ‘triángulo rojo’, luego San Martín Texmelucan y finalmente la capital, Puebla.

Recuperar esos datos son indispensables para entender la urgencia de combatir en serio el huachicol, que tanta fama le dio a Puebla. Tristemente en la misma proporción al ofensivo ‘Puebla preciosa’ tras el escándalo que envolvió a Mario Marín García por la detención de Lydia Cacho y la procaz conversación con el textilero Kamel Nacif.

En julio de 2015, cuando los mandos de Facundo Rosas Rosas en la Secretaría de Seguridad Pública, el ex director de la Policía Estatal Preventiva y su jefe del grupo de Operaciones Especiales (GOES), Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez Lozano habían sido detenidos por fuerzas federales por su participación en actos delictivos, el autor de la columna tuvo accesos a información recabada por fuentes federales.

Dos semanas antes de haber sido detenidos a puestos a disposición del Ministerio Público federal tres jóvenes que no pasaban de los 23 años de edad fueron ejecutados con armas A-R15 y A-K47 en el municipio de Palmar de Bravo, ubicado a unos 30 minutos del sitio en el que fueron detenidos los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla coludidos con el crimen organizado.

Más de 200 disparos terminaron con la vida de Jesús Santos Muñoz, David Zamora Rosales y Mario Solis Castillo. Al comando armado con armas largas le tomó segundos ejecutar a los muchachos que viajaban a bordo de una camioneta Ford Lobo de color guinda.

Sin más datos ni líneas de investigación el Ministerio Público abrió la averiguación previa 679/2015. La triple ejecución se debió a la rivalidad de bandas que se dedican al control de tomas clandestinas de hidrocarburos que atraviesan todo el territorio.

Nada de eso podía haber sido desconocido por el ex director de la Policía Estatal Preventiva y su jefe del grupo de Operaciones Especiales (GOES), Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez Lozano; mucho menos al subsecretario de Operaciones Especiales, Marco Antonio López Escamilla.

Entre Tepeaca, el sitio del aseguramiento de los mandos y el lugar del triple homicidio se encuentran otros municipios como Acatzingo, San Salvador Huixcolotla, Quecholac y Tecamachalco. En todos existían establecimientos que venden gasolina o diésel robado.

Entre esa triple ejecución de la que nadie está detenido y la primera semana de 2018 ha corrido un río sanguinolento que bañó con putrefactas aguas a familias involucradas en el robo de combustibles e inocentes.*

Cientos de miles de litros huachicol fueron comercializados a un precio por debajo del costo en el mercado regular: 10 pesos por litro, lo que significaba un alivio para los bolsillos del sector agropecuario que abunda en la región. También lo fue para quien lo vendía, principalmente mujeres con esposos de braceros en los Estados Unidos.

Las condiciones del mercado en ese entonces eran bastante ventajosas. El interesado en la compra debía acudir directamente a la toma clandestina en alguno de los puntos del tramo Tepeaca-Palmar de Bravo en donde el costo por litro era de 5 pesos; el costo se incrementaba si era llevado directamente al punto de venta, con 7.50.

En ese 2015 nadie vio esa actividad criminal que movió cientos de millones de pesos en el territorio del gobernador que quería ser Presidente. La falta de abasto de combustibles en las últimas semanas es injustificable. Pero lo era más la notoria red de complicidades desde lo más alto del poder. Andrés Manuel López Obrador tenía que tomar el control y ejercer el poder, que para eso ganó.