Proponen eliminar el fuero en Puebla
- - Por: Redacción
* La propuesta de la diputada García Olmedo contempla que los funcionarios serán responsables de los delitos que cometan durante su encargo
* Contempla a los titulares de la gubernatura, la Auditoría Superior del Estado, magistrados y diputados
* El planteamiento del PRI consiste en modificar y derogar seis artículos de la Constitución Política de Puebla
El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la LX Legislatura, una iniciativa para eliminar el fuero a los servidores públicos, donde se prevé modificar por completo el artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Puebla, y para quienes ocupen la titularidad de la gubernatura, la Auditoría Superior del Estado, así como los magistrados, diputados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial.
En su exposición de motivos, la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, responsable de la propuesta legislativa, aseguró que esa garantía debe ser replanteada, con el propósito de no proteger a aquellos que han traicionado la confianza otorgada por el pueblo y han perseguido la vía del ilícito antes que la satisfacción de las necesidades de la población.
Destacó que el objetivo de quitar el fuero a los servidores públicos fundamentalmente es evitar que aquellos que gozan de esta protección, evadan la acción de la justicia en caso de cometer algún delito, o sean sancionados por alguna falta administrativa.
La propuesta contempla que la redacción del artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Puebla, pretende quedar de la siguiente manera: "Los servidores públicos del Estado, no gozarán de fuero y serán responsables por los delitos que cometan durante el ejercicio de su encargo de conformidad con la legislación penal aplicable".
El paquete de reformas propuestas por la diputada Rocío García Olmedo, consiste en modificar los artículos 22, 42, 57 y 126, además de derogar los artículos 127 y 128 de la Constitución del Estado de Puebla.
La iniciativa se remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su aprobación.
Para alcanzar la validez en el pleno será necesario que dos terceras partes de la LX Legislatura.
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