Colgado de un priísta, Moreno Valle defiende ahora derechos laborales

* Se suma en el Senado de la República a iniciativas en la materia del sinaloense del PRI Mario Zamora Gastélum

El ex inquilino de Casa Puebla, el panista Rafael Moreno Valle Rosas, a quien se ha señalado como responsable del despido injustificado de miles de trabajadores del gobierno del estado -considerados así incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, casos por los que están aún en desahogo varios litigios y que han ganado ya varios afectados, se sumó a tres iniciativas que buscan proteger las garantías laborales de empleados del Senado de la República y la Administración Pública Federal, que presentó el senador priísta Mario Zamora Gastélum.

En la lista del orden del día de este jueves, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, están las tres propuestas del priísta sinaloense, las que también signa en segundo plano el poblano panista.

La primera plantea que “en las dependencias y entidades públicas… queda prohibida la subcontratación de personal”.

En tanto, la segunda y la tercera buscan, en distintas normas, plantean que “toda contratación del personal del Senado de la República se realizará en términos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, incluyendo al personal de apoyo legislativo y administrativo adscrito a las oficinas de senadoras y senadores, áreas legislativas y administrativas, a quienes se les deberá garantizar el derecho a la seguridad social y otorgar las prestaciones que apruebe la Mesa Directiva”.

Asimismo, establece que “queda prohibida la contratación de personal bajo el régimen de pago de honorarios, así como la subcontratación de personal en la Cámara de Senadores”.

La presentación de estas propuestas se da en el marco del anuncio de las bancadas lopezobradoristas, mayoritarias en la Cámara Alta, de adelgazar el aparato del Gobierno Federal y del Senado.

“Terrorista laboral”

Durante su gobierno, entre 2011 y 2017, Rafael Moreno Valle Rosas fue reiteradamente acusado de ejercer contra trabajadores de la administración estatal “terrorismo laboral”, luego de que despidió, en muchos casos sin aparente justificación ni respeto a las leyes laborales, durante los primeros dos a más de 6 mil trabajadores. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) registró en marzo de 2014 a más de 10 mil despidos.

El pasado 23 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como “irregulares” esos despidos, al emitir una jurisprudencia en contra del argumento de baja por falta de recursos.