Biden anuncia orden ejecutiva que cierra frontera con México y restringe el asilo

Permitirá a las autoridades de ese país deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias en la frontera

Joe Biden, presidente de Estados Unidos de América, anunció hoy una orden ejecutiva para restringir las solicitudes de asilo en la frontera con México.

Se trata de una orden que entrará en vigor este mismo martes y que, de acuerdo con altos funcionarios estadounidenses, permitirá a las autoridades de ese país deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias en la frontera.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, quienes lleguen a la frontera una vez que se supere ese umbral de 2 mil 500 estarán sujetos a “un estándar significativamente más alto” para calificar para asilo.

Especificaron que los migrantes deberán demostrar que existe una “posibilidad razonable” de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen.

La frontera se reabrirá para solicitudes de asilo cuando esa cifra disminuya a mil 500. Estas cifras son promedios diarios calculados a lo largo de una semana.

Aunque otras actividades fronterizas, como el comercio, continuarán; alcanzar el límite de mil 500 encuentros diarios para reabrir la frontera a los solicitantes de asilo podría ser un reto, ya que la última vez que el promedio diario cayó por debajo de esa cifra fue en julio de 2020, durante la pandemia de Covid-19.

Biden ha estado considerando esta acción durante meses, especialmente después de que una iniciativa bipartidista para restringir el asilo en la frontera fracasara debido a que los republicanos se retractaron del acuerdo bajo la influencia del expresidente Donald Trump.

A pesar de que los cruces ilegales en la frontera han disminuido en los últimos meses gracias a una mayor colaboración por parte de México, Biden ha seguido contemplando la posibilidad de actuar por su cuenta.

El gobierno de Biden había decidido esperar hasta después de las elecciones presidenciales en México, celebradas el domingo pasado, para seguir adelante con los planes fronterizos del presidente.

La Casa Blanca adoptará directamente algunas de las políticas que eran parte del acuerdo fronterizo bipartidista en el Senado, incluida la limitación de solicitudes de asilo una vez que se alcance un número determinado de encuentros.

El gobierno busca alentar a los migrantes a solicitar asilo en puertos de entrada mediante la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que programa unas mil 450 citas diarias.

Abogados del gobierno han estado planificando cómo utilizar las facultades ejecutivas establecidas en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual otorga al presidente una amplia autoridad para bloquear el ingreso de ciertos inmigrantes al país si son considerados “perjudiciales” para los intereses nacionales. Este es el mismo argumento legal que Trump usó para implementar algunas de sus medidas migratorias más estrictas durante su presidencia.

Este decreto ha provocado que grupos activistas ya se alisten para impugnar la medida en los tribunales. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), señaló que revisarán el decreto antes de decidir sobre posibles litigios, pero advirtió que una política que prácticamente ponga fin al asilo plantearía claros problemas jurídicos, tal como sucedió cuando el gobierno de Trump trató de cancelar el asilo.

Jennifer Babaie, abogada del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas en El Paso, Texas, expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Biden emita órdenes formales de deportación sin permitir la solicitud de asilo.

Según Babaie, la autoridad de Título 42 implementada durante la pandemia permitía a los migrantes intentar ingresar nuevamente sin enfrentar consecuencias legales, pero una orden formal de deportación podría exponerlos a procesos por delitos graves y prohibir su ingreso legal en el futuro.