AMLO rechaza negociación con Yunes en reforma judicial; Oaxaca la aprueba primero   

El Congreso de Oaxaca aprobó la reforma judicial impulsada por el presidente, siendo la primera entidad en legislarla; buscan fortalecer la independencia del Poder Judicial y combatir la corrupción 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que hubiera una negociación con el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez, para conseguir el voto decisivo que permitió alcanzar la mayoría calificada y aprobar la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República.  

"Es una decisión que tomaron los legisladores de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, pero a otros les agrada que se haya aprobado la reforma. A mí me agrada porque es importantísimo terminar con la corrupción", afirmó López Obrador durante su conferencia matutina. 

El presidente destacó la relevancia de la reforma, al señalar que permitirá un avance significativo en México, ya que jueces, ministros y magistrados serán elegidos por voto popular, lo que contribuirá a democratizar el sistema judicial. Agregó que el Poder Judicial actual no imparte justicia de manera equitativa y solo actúa en beneficio de ciertos sectores. 

Sobre a las acusaciones de una posible negociación con el senador Yunes Márquez, el presidente negó rotundamente cualquier acuerdo. "No se negoció nada, absolutamente nada", aseguró, y criticó que los conservadores piensen que su gobierno actúa de la misma manera que ellos. Además, dejó claro que no ha tenido contacto ni con Yunes Linares ni con su hijo, quien apoyó la reforma judicial en el Senado. 

El Senado aprobó la reforma judicial con 86 votos a favor y 41 en contra, una votación clave que contó con el respaldo del panista Miguel Ángel Yunes Márquez. Su apoyo fue motivo de controversia, ya que varios miembros de su partido lo señalaron de "traidor". La reforma fue impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados. 

Con el respaldo necesario en el Senado, la reforma será ahora enviada a los congresos estatales, donde deberá ser ratificada por al menos 17 legislaturas locales antes de que el presidente López Obrador pueda promulgarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

Oaxaca, el primer estado en aprobar la reforma 

El Congreso de Oaxaca fue el primero en el país en aprobar la reforma al Poder Judicial. Con 41 votos a favor, la iniciativa fue avalada en cuestión de minutos. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Sergio López Sánchez, celebró que Oaxaca se adelantara a los demás estados, señalando que esto representa "un paso firme hacia la creación de un sistema más ágil, que responda con prontitud y eficacia a las demandas de nuestros ciudadanos". 

López Sánchez afirmó que la reforma judicial tiene como objetivo principal fortalecer la independencia del Poder Judicial, garantizar la imparcialidad de los jueces y agilizar los procesos judiciales, además de combatir la corrupción y la impunidad. "Es el momento de implementar reformas profundas que garanticen la autonomía e independencia del Poder Judicial", comentó. 

En su discurso, el legislador oaxaqueño también subrayó que la reforma representa una oportunidad para que los tribunales se conviertan en auténticos instrumentos de justicia, en lugar de reflejar los intereses de unos pocos. “No se trata solo de una cuestión técnica, estamos ante el reto de lograr una verdadera justicia social”, afirmó López Sánchez. 

La reforma al Poder Judicial propone cambios estructurales que buscan democratizar las instituciones y hacerlas más eficientes. Uno de los principales aspectos es que los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que será el órgano encargado de supervisar el comportamiento de los funcionarios judiciales. 

En total, la reforma plantea la elección de mil 688 cargos, entre ellos nueve ministros de la SCJN, siete magistrados del TEPJF y cinco integrantes del Tribunal de Justicia Social. Esta medida ha sido defendida por el presidente López Obrador como un avance necesario para eliminar la corrupción en el Poder Judicial y garantizar su imparcialidad. 

 

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