Las reformas a la Ley General de Educación deben ser estructurales y no reactivas: Organizaciones Civiles

En la tercera jornada de análisis de la Iniciativa Preferente con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, enviada por el Ejecutivo Federal, organizaciones de la sociedad civil exigieron participar en la conformación del anteproyecto de dictamen de esta propuesta.

Al moderar el Diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, el secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, senador Benjamín Robles Montoya, subrayó que esta audiencia pública da inicio “en medio de una situación lamentable que no debemos callar; no podemos ser corresponsables de las acciones racistas del gobierno norteamericano”.

Recalcó que se trata de un proceso inédito en el que, a pesar de no estar en conferencia con la colegisladora, se ha contado con la participación de los diputados. Agregó que se ha propuesto pasar el dictamen al Pleno el próximo martes, previa dictaminación en las comisiones.

Berenice Valdez Rivera, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración A. C., consideró que las reformas que se realicen deben ser estructurales, y no una respuesta reactiva del gobierno mexicano a las políticas de Estados Unidos. El primer muro a derribar es la burocracia para acceder al sistema educativo, advirtió.

La propuesta, detalló, no menciona el mecanismo para la implementación de las reformas; planteó armonizar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de diversidad cultural y sobre la identidad binacional, y precisar que la falta de documentos de la población migrante (de todas las edades) no será una barrera para acceder a la educación.

Jill Anderson, directora de “Otros Dreamers en Acción”, urgió a los senadores y autoridades competentes para que el trabajo técnico se realice con apoyo de sociedad civil, universidades y académicos, para responder a las inquietudes que se planteen en estas audiencias.

Su propuesta se centra en el Acuerdo 286, donde planteó eliminar la cuestión burocrática de antecedentes académicos; en materia de revalidación parcial, propuso facultar a instituciones receptoras acreditadas para el ingreso a estudiantes con formación parcial en el exterior, congruente con la iniciativa; y generar una lista de universidades confiables para la revalidación automática, no sólo de Estados Unidos sino en todo el mundo.

Itzel Polo Mendieta, del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena, hizo notar que existe un vacío en la iniciativa, pues en muchas ocasionas las familias no regresan a sus comunidades de origen, sino que van a otras ciudades o estados, por lo que preguntó: ¿cómo se facilitarán los trámites o documentos para que puedan entrar a un centro escolar?

Consideró que, en la mayoría de las ocasiones, las familias indígenas se enfrentan a trámites burocráticos que pasan por encima del interés superior del niño, además, representa un alto costo para ellas, debido a que sobreviven con uno o dos salarios mínimos.

Luis Ángel Gallegos Rodríguez, coordinador del Programa de Atención al Retorno, dijo que se tienen que identificar muy bien los perfiles de connacionales que regresan con necesidades específicas en el ámbito de la educación, a fin de ofrecerles un abanico de oportunidades amplio.

Refirió que hay personas que, hasta el día de hoy, siguen sin poder revalidar sus estudios, sin incorporarse al sistema educativo nacional y que tal vez están en algún sector de la informalidad, de ahí, que es fundamental impulsar una revalidación prácticamente inmediata de sus estudios y analizar cuáles carreras podrían estar en este esquema.

El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, reconoció que con lo expuesto se tendrá una mejor perspectiva de lo que se necesita modificar tanto en el tema del Acuerdo 286, jurisdicción directa de la Secretaría de Educación Pública (SEP); como en el enriquecimiento de la Ley General de Educación, atribución del Congreso.

El senador Raúl Morón Orozco, secretario de la Comisión de Educación, recalcó que no se tiene infraestructura ni una política necesaria para los migrantes en edad escolar que podrían regresar de Estados Unidos, por lo que la iniciativa es insuficiente; y precisó que al aprobar la propuesta se tiene que construir un protocolo para que se pueda llevar a la práctica.

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, consideró conveniente que las organizaciones civiles que tengan validez puedan participar en el proceso de reintegración y revalidación de estudios de los connacionales que regresen al país.

El senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del PRI, expresó que se tienen que establecer protocolos accesibles, que permitan “bajar el mensaje” sobre a quiénes va dirigida esta reforma a la Ley General de Educación.

La diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, apuntó que la Iniciativa Preferente muestra que la ley se tiene que adecuar a las nuevas circunstancias, sin perder de vista que el problema existe desde hace muchos años. Se tiene una oportunidad para revisar la ley, para que los trámites y procesos burocráticos no sean motivo de exclusión ni discriminación para garantizar el acceso a la educación.